Cuadro de texto

Seguro de Protección Jurídica Empresarial
Tanto los autónomos como las empresas, cuando tienen que actuar frente a una necesidad jurídica, muchas veces tienen que recurrir a servicios jurídicos externos con unos costes muy importantes para sus economías.
Para ellos está pensado el Seguro de Protección Jurídico Empresarial, está destinado a proteger, asesorar y defender sus necesidades, derechos e intereses.
https://sites.google.com/site/rcsegurosonline/empresas/seguros-de-proteccion-juridica-empresarial/calcular-pje

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Coberturas:

Coberturas (según el tipo de póliza y la modalidad de seguro)

Consiste en asistir, asesorar jurídicamente o efectuar trámites de reclamación y defensa por vía amistosa y judicial, frente a los responsables de los daños o de quienes haya que exigírseles una reparación, o un derecho, garantizando los gastos que se generan hasta el límite asegurado.

Asistencia y Asesoramiento Jurídico

Asesoramiento judicial y extrajudicial telefónico o en despacho de abogados, para trámites y/o asistencia a citaciones judiciales.
Redacción y revisión de documentos y contratos; cartas de reclamación.

Reclamación

De daños corporales o materiales sufridos en accidente o en el inmueble.
De derechos relativos al inmueble (inquilino, propietario, ocupación ilegal del inmueble, obras)
Por incumplimiento de contratos de arrendamiento de servicios, sobre cosas muebles o suministros al inmueble.
De derechos por otros seguros y Consorcio Compensación de Seguros.
Defensa derechos laborales frente la Administración o defensa laboral del autónomo económicamente dependiente.

Defensa

Penal
Frente Administraciones públicas por infracciones administrativas.
Ante Inspección de Trabajo.
Suplementaria de la Responsabilidad Civil.
Social por contratos laborales.

Gastos

Comprobación del origen de los daños,
Gastos de peritaje.

Defensa y Reclamación del contrato de alquiler (opcional)

Garantiza la protección a aquellos clientes - propietarios que tienen destinados pisos al alquiler y sólo quieren cubrir los gastos que ocasiona la reclamación judicial de los alquileres impagados por parte del inquilino y el propio deshaucio.
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